"Fernando Prieto es doctor en Ecología y director del Observatorio de
la Sostenibilidad, un "think tank" que agrupa a científicos y expertos
en cuestiones energéticas y medioambientales. Este jueves, por primera
vez en su vida, puso un pie en un juzgado. Está acusado de cometer
tres delitos: daños a bienes de valor histórico, desobediencia grave y
desórdenes público.
No fue el único. Otros cinco científicos
también se sentaron esta mañana en el banquillo de los acusados. En
total son 15 los investigadores en la mira de la Justicia por la jornada
de protesta que en abril del año pasado el colectivo "Rebelión
Científica España" llevó a cabo en la puerta del Congreso de los
diputados.
La "desobediencia civil", el método de lucha que
promueven estos científicos ante la inacción de los poderes políticos y
económicos contra el cambio climático, incluyó una sentada en las
escalinatas del inmueble y el lanzamiento de zumo de remolacha contra
algunas paredes de la fachada.
Prieto recuerda que ese día llegó
al Congreso y se sentó en las escaleras de forma "tranquila y pacífica"
con el objetivo de alzar la voz y alertar sobre el colapso al que se
encamina la humanidad por una crisis ecológica que avanza a toda
velocidad sin medidas estructurales para frenarla.
Un policía tomó sus datos. Meses más tarde tuvo que presentarse en
una comisaría. Algunos de sus colegas fueron detenidos en sus
domicilios.
Las aprehensiones fueron efectuadas por efectivos de
las Brigadas Provinciales de Información, es decir, los policías
vinculados a Inteligencia encargados de investigar y tratar con grupos
terroristas o radicales, la misma fuerza que, por ejemplo, investigó el
11M.
La Fiscalía decidió abrir cargos e iniciar un proceso penal. "Es
extraño ser el acusado en esta emergencia climática por alertar de lo
que está pasando. Llama mucho la atención que los científicos seamos los
únicos acusados en un juicio por los efectos del cambio climático y no
los responsables, como las grandes empresas contaminantes", reflexiona
en diálogo con LPO.
Si el juez que lleva el expediente contempla
las sanciones máximas que pide la Fiscalía, los científicos pueden
sufrir penas de hasta ocho años y medio de prisión, por lo que hay un
riesgo real de que pisen la cárcel por su activismo contra la inacción
climática.
"Se quiere acusar al mensajero de una mala noticia en vez de tomar la
decisiones necesarias para paliar esta emergencia climática", lamenta
este profesional.
Sobre
lo que ha pasado dentro del juzgado, Prieto cuenta que contestó las
preguntas del magistrado con el foco puesto en la "crisis climática que
amenaza seriamente la vida en este planeta".
"He explicado que en
España han aumentado las emisiones en 2021 y 2022 pese a todas las
recomendaciones de la ONU de descarbonizar, que no se están adaptando
políticas para mitigar el cambio climático, que países como España
necesitan un descarbonización y una adaptación radical y que en ese
contexto los científicos y analistas hemos decidido salir a la calle a
protestar".
Para Prieto, "si este gobierno quiere ejemplificar este
tipo de protesta el juicio puede seguir para adelante". Lo lógico
-agrega- es que el proceso se archive. "Yo voy a seguir trabajando y
alertando, esto no me va a amedrentar. Lo que es seguro es que cada vez
vamos a ser más los preocupados por el cambio climático, científicos,
académicos y miles de ciudadanos de a pie que empezarán a salir a la
calle para exigir medidas para no vivir en un mundo inhóspito",
concluye.
Los científicos no le temen a la cárcel.
"Puede ser necesario a veces afrontar un castigo para que las cosas
cambien", confió a EFE el profesor de filosofía política de la
Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann, otro de los imputados.
Lo
importante -"y terrible"- sigue pasando, denuncian. El pasado mes de
marzo, por ejemplo, ha sido el segundo más caluroso de este siglo en
España, mientras que la temperatura de la superficie de los océanos a
principios de abril ha registrado máximos históricos, según los datos
recabados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y
Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.
En solidaridad con
los acusados, científicos de todos el país realizaron este jueves
acciones de desobediencia civil en inmuebles representativo y
emblemáticos. "Criminalizar la ciencia es terrorismo de Estado", han
denunciado." (Andrés Actis, LPO, 13/04/23)