"Tras denunciar en falso un hipotético acoso de periodistas a
familiares y vecinos de Isabel Díaz Ayuso, después de acusar a dos
redactores de elDiario.es de intentar entrar “por la fuerza” y
encapuchados en el piso que comparte la presidenta de Madrid con el
comisionista Alberto González Amador, imputado por dos delitos de fraude
fiscal que él mismo ha reconocido, el jefe de gabinete de la presidenta
madrileña participa ahora en una maniobra para culpar al Gobierno
central de un supuesto hackeo al bufete que defiende a González Amador.
El rastro de Rodríguez figura en los metadatos de un documento
remitido a la prensa en el que se denuncia un supuesto ataque
cibernético a los abogados de González Amador. El comunicado lo ha
enviado a varios medios José Luis Carreras, jefe de prensa de la
Comunidad de Madrid a las órdenes de Rodríguez, y dice lo siguiente:
“Hackeo de los emails del bufete que lleva la defensa de Alberto
González”. En la nota pública que distribuye el mismo equipo de
comunicación de la Comunidad de Madrid que ha rehusado responder a las
preguntas de elDiario.es sobre la vivienda de la presidenta y el fraude
fiscal del comisionista alegando que se trata de un ciudadano
particular, añade: “Comprobado por perito informático, el sistema de
entrada es muy sofisticado y solo al alcance de los Estados”.
Según esa comunicación del Gobierno regional, los terminales del
abogado y la asesoría fiscal de Alberto González Amador sufrieron un
ciberataque el 2 de abril con el objetivo de hacerse con los correos
electrónicos que intercambia el comisionista y pareja de Ayuso con su
equipo jurídico. El departamento de Comunicación de la presidenta remite
también a los medios la denuncia que los letrados de González han
presentado en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.
En las propiedades del documento, figura que los últimos cambios
se realizaron desde el ordenador del propio Miguel Ángel Rodríguez.
Ni la Comunidad de Madrid ni ninguna otra persona ha explicado
cómo justifican sus sospechas ni quién ha llegado a la conclusión de que
ese supuesto ciberataque “solo está al alcance de los Estados”, pero el
argumento coincide con la tesis inicial de Ayuso cuando elDiario.es
desveló el fraude fiscal de su pareja. La presidenta madrileña dijo
entonces que todo era fruto de un ataque de “todos los poderes del
Estado” contra su pareja, alegó que era Hacienda la que debía 600.000
euros a González Amador y que todo quedaría en nada.
Solo unas horas después, Miguel Ángel Rodríguez filtró un correo
manipulado a algunos medios de comunicación dando a entender que el
fiscal que denunció el fraude había intentado llegar a un acuerdo con
González Amador pero que órdenes de arriba en el Ministerio Público lo
habían frustrado. Era falso. Lo que había sucedido, tal y como explicó
la Fiscalía en un desmentido, fue que el propio González Amador había
reconocido ya los dos delitos fiscales por escrito antes de que
estallase el caso a través de un correo en el que afirmaba estar
dispuesto a asumir la condena.
La elaboración de esa nota pública para desmentir la información
falsa proporcionada por Rodríguez que algunos medios de comunicación
publicaron sin ningún contraste llevó a Rodríguez y al Gobierno de
Madrid a acusar al Ministerio Público de provocar indefensión a la
pareja de Ayuso. La realidad es que desde el 2 de marzo, González Amador
es un defraudador confeso. Lo explicó él mismo a través de sus abogados
en un correo remitido a la Fiscalía de Madrid para tratar de que su
caso no derivase en un juicio público: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
Esta misma semana González Amador presentaba una denuncia
contra la Fiscalía por revelación de secretos en la que la pareja de
Ayuso echaba por tierra las tesis del propio Miguel Ángel Rodríguez.
Desde que se conoció la confesión de los delitos de su pareja,
la estrategia de Ayuso cambió y la presidenta pasó a considerar a
González Amador un “ciudadano particular”. El pasado jueves trascendió
la reunión del comisionista en un bar de Barajas con el número dos de
Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien trató de atribuir esa
cita a una coincidencia.
En las últimas horas la maquinaria de la Comunidad de Madrid se
ha puesto al servicio de la estrategia de defensa de González Amador,
quien sigue imputado por dos delitos de fraude fiscal y falsedad
documental en un juzgado, donde deberá comparecer el próximo 20 de mayo.
Casi a la misma hora, en la que su equipo de Comunicación urdía
esta maniobra en defensa de su pareja, Isabel Díaz Ayuso trató de
escapar a las preguntas de la prensa sobre las irregularidades de su
pareja: “Los madrileños no me han elegido para que me comporte como
novia”.
Pero a renglón seguido, Ayuso ha argumentado: “Sí que puedo
mostrar mi preocupación y lo puede hacer mi Gobierno, todos los
gobiernos, las administraciones y cualquier ciudadano, su preocupación
porque se supone que el Estado está para proteger a todos y cada uno de
los ciudadanos. Lo que está ocurriendo es todo lo contrario. No se trata
de un particular. Se trata del Estado de Derecho. La sensación que
tengo es que todo ciudadano incómodo para el Gobierno tendrá que tener
contra él a todos los poderes del Estado y será despojado de sus
derechos, como estamos viendo”.
La presidenta, que sigue negándose a responder preguntas sobre
las razones que la llevaron a denunciar una supuesta conspiración contra
su pareja después de que esta ya hubiera confesado los delitos, o sobre
las viviendas que comparte con González Amador, recuperó la tesis del
supuesto ataque de varios poderes del Estado que van “más allá de un
particular”.
Lo justificó Díaz Ayuso con estas palabras: “Se trata de qué
está sucediendo para, por ejemplo, ver cómo se ha esparcido el
expediente de un particular, se ha revelado su defensa. Ha promovido que
incluso el Colegio de Abogados ponga el grito en el cielo porque se
vulnera el derecho a defensa de un particular, que está siendo condenado
sin un juicio y se están vertiendo difamaciones mientras no ha pasado
por un juzgado. La Fiscalía no ha protegido un expediente que se ha
esparcido convenientemente. La ministra de Hacienda, lejos de cumplir
sus obligaciones de sigilo, lo ha cacareado. Desde las ruedas de prensa
del Consejo de Ministros, la portavoz, los 22 ministerios, el delegado
del Gobierno... han empezado a esparcir informaciones sobre un ciudadano
particular al que se niega su derecho a la defensa. No me comporto como
pareja, me comporto como representante político que exijo al Gobierno
que garantice que los españoles sean tratados igual ante la ley aunque
tengan una relación sentimental con un adversario político”.
Ayuso obvia que toda esa supuesta conspiración que denuncia,
incluida la exclusiva del fraude publicada por este medio, se produjo
cuatro semanas después de que su pareja hubiese admitido por escrito su
fraude fiscal con una frase de diez palabras: “Ciertamente, se han
cometido dos delitos contra la Hacienda contra la Hacienda Pública”." (José Precedo, eldiario.es, 05/04/24)
