"Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco afirmó en una tertulia radiofónica en febrero que los epidemiólogos eran «médicos de cabecera que han hecho un cursillito».
Un día después, firmó como ponente un auto que ordenaba la reapertura de los bares en los municipios de Euskadi en alerta roja. En el ambiente distendido de la tertulia, confundió de forma reiterada correlación con causalidad al opinar sobre la relación entre medidas restrictivas y datos de incidencia de la Covid. Pocas veces tanto poder ha estado en manos de alguien con tanta ignorancia en relación a algo sobre lo que debía adoptar una decisión.
Más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó a finales de junio la imposición de restricciones en bares y restaurantes con el argumento de que «ni se han demostrado como las causas de la problemática de contagio en la isla de Tenerife, ni mucho menos se prevén como las soluciones a una situación que no es dramática para la presión asistencial». Existen numerosos informes científicos que demuestran la alta incidencia del contagio en interiores y algunos llevan el marchamo de la OMS. Los jueces canarios decidieron ignorarlos y dar mayor importancia al daño económico que estaba sufriendo la hostelería. Si los hospitales no están desbordados, llega el momento de llenar los bares. ¿Qué puede salir mal?
Dos semanas después, la incidencia se ha disparado en toda España, a pesar del excelente ritmo del proceso de vacunación. Ya sin estado de alarma en vigor, los gobiernos autonómicos buscan conseguir el amparo judicial que les permita tomar medidas que parecían formar parte del pasado. El empeoramiento descarta en la práctica que el turismo extranjero regrese de forma masiva a España este verano.
La situación vuelve a ser no dramática, pero sí muy preocupante. Ahora debemos también temer el futuro después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya dictaminado que el confinamiento adoptado en el primer estado de alarma fue contrario a la Carta Magna. Por una estrecha mayoría, ha impuesto la idea de que debería haberse aplicado el estado de excepción, que permite restringir mucho más los derechos fundamentales y que debe contar con el aval previo del Congreso. Por su gravedad, sólo se puede prorrogar una vez y durar sesenta días en total.
Desgraciadamente, las pandemias no se rigen por los tiempos dictados en esta interpretación de la Constitución. Los jueces necesitarían algo más que un «cursillito» para ponerse al día en epidemiología
Según la mayoría de miembros del TC, el Estado se habría visto obligado a abandonar la cobertura jurídica elegida para luchar contra la pandemia y encomendarse al destino, lo que habría significado un número aun mayor de fallecimientos.
(...) el Tribunal Constitucional sostiene ahora que debería haberse iniciado la tramitación en el Congreso de una petición de estado de excepción con todo el tiempo necesario para tramitar enmiendas, negociarlas y finalmente aprobarlas en el legislativo.
Podrían haber enviado también ejemplares de la Constitución a los
hospitales para consolar al personal sanitario mientras se les morían
los enfermos." (
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