Mediavilla ya forma parte del poder ejecutivo y del legislativo de Cantabria, pero le debe de parecer poco, porque ahora se postula para ser juez por el turno de juristas de reconocido prestigio.
Lo divertido del caso, si no fuera lamentable, es que Mediavilla, de 43 años, letrado de la Administración cántabra de profesión, que ha sido jefe del servicio jurídico del Gobierno de Cantabria, que es miembro de la ejecutiva del PRC desde 2006 y secretario del comité local de ese partido en Santander desde el año siguiente, no pretende un puesto cualquiera de magistrado, sino precisamente la vacante dejada por jubilación por Santiago Pérez Obregón, en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
¿Dónde está el escándalo?, se preguntarán. Pues en que, aparte de convertir la separación de poderes en un batiburrillo con el que ni siquiera Berlusconi se ha atrevido, la citada sala es el tribunal encargado de juzgar los delitos cometidos por aforados de la comunidad autónoma.
Es decir, como si el consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, nombrado por Camps, pretendiera integrar el tribunal que le tiene que juzgar por lo de los trajes. Porque de eso se trata; Mediavilla, caso de ser designado por el Consejo del Poder Judicial estaría encargado de juzgar no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos políticos.
Mediavilla ha logrado el récord de casi simultanear los tres poderes del Estado, ya que, siendo consejero en activo, y ejerciendo como diputado autonómico, con su propio voto -y los de su partido y los de sus socios del PSOE- ha obtenido la mayoría necesaria para ser designado por el Parlamento regional para integrar la terna que se elevará al Consejo para el citado puesto de magistrado.
Las otras dos personas elegidas para la terna, una a propuesta del PP y otra del PSOE, son consideradas en medios parlamentarios como "de relleno".
Todas las asociaciones de jueces y fiscales en Cantabria, y algunas a nivel nacional han puesto el grito en el cielo por lo que consideran una "quiebra del principio de separación de poderes" y una causa más de la merma de la confianza de los ciudadanos en la Justicia." (El País, 11/04/2011, p. 20)
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