"La Audiencia Nacional ha imputado este martes a Alfredo Prada, consejero
de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, por las presuntas irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia.
A través de un auto fechado este mismo 19 de marzo, el juez instructor
José de la Mata ha citado al dirigente del PP el próximo 27 de marzo a
las 10 de la mañana. (...)
Pablo Casado lo colocó el pasado julio al frente de la oficina del PP creada para combatir la corrupción en el partido.
Porque, además de citar a Prada, uno de los primeros
padrinos políticos de Casado, el magistrado también llama a declarar
como imputados a otros tres ex altos cargos del Campus de la Justicia:
Isabelino Baños, ex director general técnico; José Sanz Piñar,
subdirector técnico; y Alicio de las Heras, director del área
financiera. Todos ellos ocuparon puestos clave en una empresa creada
supuestamente para levantar la Ciudad de la Justicia de Madrid, pero que
dejó un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros en la Comunidad.
Tras pasar una década en el Senado, Prada saltó al
Gobierno regional de la mano de Aguirre, que le situó en cargos de
relevancia. Fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia e
Interior. Pero todo cambió en 2008,
cuando manifestó públicamente su apoyo a Mariano Rajoy para el congreso
nacional del PP. Aguirre lo destituyó y Prada dejó la primera línea. En
2011 volvió a las Cortes, como diputado en el Congreso, en el que
permaneció hasta enero de 2016.
Casado lo recuperó el pasado verano tras
ganar las primarias y lo colocó en la ejecutiva de la formación, al
frente de la Oficina del Cargo Popular, encargada de evitar la
corrupción dentro de las filas populares.
Pero no había transcurrido un año después de esa
decisión cuando acaba de citarlo como investigado la Audiencia Nacional.
Y De la Mata lo ha hecho tras dictar un detallado auto de 20 páginas en
el que enumera una larga lista de presuntas irregularidades. El
instructor señala, por ejemplo, que el Campus de la Justicia no seguía
ningún criterio de racionalidad económico y organizativo, además de
presentar un "claro desequilibrio" al contar con un "potente ámbito de
personal directivo y una infraestructura de personal administrativo
sumamente débil".
Es más, añade el juez, "todos los puestos de trabajo
de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores
políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses
privados".
La construcción, que se puso en marcha en 2005 y se prolongó hasta 2015,
tenía como supuesto objetivo llevar todas las sedes judiciales
dependientes de la Comunidad de Madrid a unas parcelas al norte de la
capital de España. Pero fue un fracaso y solo se levantó uno de los 12
edificios previstos: el que iba a albergar el Instituto de Medicina
Legal, que ni siquiera se encuentra actualmente en funcionamiento. (...)
El juez De la Mata incluye otra serie de gastos bajo sospecha en su
auto. Entre ellos, señala las "muchas retiradas" de efectivo que se
hicieron de la "caja de los bancos" en 2006, que superaron los 10.000
euros en apenas un mes: se sacaron 5.354,95 y 2.138,76 euros el 20 de
junio; 1.787,3 el 12 de julio; y 1.316,38 el 24 de julio.
El magistrado
también recuerda que el informe de la Cámara de Cuentas señalaba que se
usaba una tarjeta de crédito Visa Platinum vinculada a la cuenta de la
Ciudad de la Justicia, con la que se desembolsó 15.647,20 euros y de la
que "falta información y documentación básica de cobertura de los
movimientos". A su vez, la sociedad creada pagó 38.050 euros a la
Fundación Instituto de Empresa para que uno de sus altos cargos cursara
un máster executive MBA." (J. J. Gálvez, El País, 19/04/19)
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