"El Gobierno vasco retiró el pasado año la Renta de Garantía de Ingresos
(RGI) a una mujer por no notificar que iba a acompañar a su marido,
enfermo terminal, a morir a Burgos. Ante su inminente muerte, la
perceptora de esta ayuda social se trasladó por deseo de su esposo a
esta provincia colindante con Euskadi, donde se sitúa el panteón
familiar, y en la que quería fallecer, algo que se produjo tres días después.
Esta salida para estar junto a su marido en sus últimas horas de vida
motivó que la Consejería vasca de Empleo y Políticas Sociales le suspendiera la prestación por “no comunicar el desplazamiento fuera de Euskadi”.
Ahora, el Ararteko, el Defensor del Pueblo Vasco, ha solicitado al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que “deje sin efecto” la extinción de la RGI por “inexistencia de causa para ello” al sostener que “no existe la obligación de notificar” este tipo de salidas fuera de Euskadi. (...)" (El Confidencial, 22/01/17)
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