"El ministro de Justicia ya tiene una solución para intentar que no se
repita el show que nos ofrecieron el Ministerio de Hacienda y la
Agencia Tributaria a cuenta de la detención por horas de Rodrigo Rato.
Multar a medios de comunicación sobre investigaciones judiciales en las
que se haya declarado el secreto de sumario. Si no puedes impedir que la
gente se entere sobre la corrupción en el PP, al menos mete miedo a los
periodistas que se atreven a informar sobre la corrupción en el PP.
Sería además una buena excusa para los medios que no informarían sobre
eso ni aunque les torturaran con astillas ardiendo.
No se trata tanto de intimidar a aquellos que en la Administración se
atreven a contar a un periodista que algo huele a pescado podrido. La
ley ya castiga eso a través del delito de revelación de secretos. Su
objetivo es intimidar a los medios, tanto a los que sacan esas
informaciones, básicamente la prensa y los medios digitales, como a los
que los rebotan (algunas cadenas de televisión).
Curiosamente, y eso no debe sorprendernos, cuando es el Gobierno el
que filtra información confidencial, no hay ninguna ley que se vulnera
ni es necesario introducir ningún debate. A veces, ni siquiera es
necesario que se haya iniciado un proceso judicial para poner en marcha
la máquina de filtrar al servicio del partido del Gobierno.
Ocurrió por
ejemplo cuando El Mundo anunció que el alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, tenía cuentas secretas en el extranjero. El Gobierno podía
haberse hecho el loco y decir que no tenía nada que ver con esa
información.
Pero no, el ministro de Interior se delató en el Congreso al decir
que esa denuncia se iba a judicializar en cuestión de días. Desde
entonces no se ha sabido nada más. (...)
Todo resulta diferente cuando varios medios informan de que el PP ha
tenido una caja B desde siempre, o de que un tesorero del PP ha amasado
una fortuna gracias al hecho de que era el tesorero del PP. En ese caso,
entran en escena conceptos como los límites de la libertad de
expresión, el respeto a los procedimientos judiciales o la presunción de
inocencia.
Y cuando no es suficiente, siempre se pueden borrar los
discos duros de los ordenadores. Por lo que se ha visto en los últimos
meses, eso ni siquiera es delito. Es como una actualización de Windows,
pero al revés.
Tampoco hay que escandalizarse ni reclamar un debate público cuando
de forma mágica aparecen en los medios información confidencial de
Hacienda sobre casos en los que el PP puede obtener algún tipo de
beneficio. Véase los muy diferentes casos de Monedero o Rato. En otra
época, nunca nos hubiéramos enterado de esas cifras. Ahora la maquinaria
del Estado cuenta con filtraciones interesadas que ningún fontanero
puede tapar. (...)
No nos engañemos. Si alguna medida contra los medios se pone en práctica
este año, no procederá del despistado presidente que nos dice que ya
nadie habla del rescate a España y que se entera de todo por la prensa
(y eso que el Marca no tiene sección de tribunales), sino de la pequeña y
risueña vicepresidenta." (
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