"Dos diputados socialistas en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos Meco y Magdalena Valerio Cordero, remitieron una batería de preguntas por escrito al Gobierno a finales del pasado mes de abril abril preguntando sobre el impacto de la Ley de Costas en la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha).
Entre las cuestiones estaban: "¿Cuántas concesiones que amparen ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre para
usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, existen en la provincia de Guadalajara?
"¿Cuántas construcciones o instalaciones situadas en dominio público
marítimo-terrestre sin la autorización o concesión exigible con arreglo a
la legislación de costas tiene constancia que existen
en la provincia de Guadalajara?" y "¿cuántas construcciones o
instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la
legislación de costas en vigor, situadas en dominio público
marítimo-terrestre en la provincia de Guadalajara, podrán ser legalizadas con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Costas actualmente en trámite parlamentario?".
El Gobierno ha tardado casi cuatro meses en responder las preguntas, cuando la respuesta era bastante clara: Como Su Señoría sabe, Guadalajara es una provincia de interior que se encuentra a más de 300 kilómetros del mar y en la que, en consecuencia, no existe zona de Dominio Público Marítimo Terrestre ni, tampoco, concesiones que amparen ocupaciones de dicho Dominio Público. (...)" (Diálogo Libre, 02/11/2013)
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