"La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentran en una encrucijada sin precedentes para los organismos multilaterales de América Latina.
El freno por parte de la OEA a la renovación del contrato de trabajo del secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, ha abierto una serie de cuestionamientos sobre la independencia del organismo que defiende los derechos humanos en la región y, a su vez, ha destapado una serie de denuncias por acoso laboral de parte de empleados de la Comisión.
(...) al menos 61 empleados y exempleados de la CIDH habían presentado denuncias contra Abrão por acoso laboral ante la OEA.
Almagro explicó en un comunicado el 28 de agosto que los señalamientos contra Abrão desvelaban “una situación muy seria”. Unos 12 denunciantes han publicado una carta –en poder de EL PAÍS– en la que explican que las quejas sobre Abrão fueron presentadas ante Almagro y la ombudswoman de la OEA, Neida Pérez.
Los extrabajadores aseguran que en los últimos años, Abrão fue parte de acciones que desembocaron en “abuso de poder, hostigamientos, retaliaciones, humillación pública, sustracción de funciones injustificadas, pérdida de cargos y discriminación en relación con otras personas de cargos similares”, y que esta serie de conductas les llevaron a dimitir tras notar que el ambiente tóxico en su entorno laboral había afectado su salud física y mental. (...)
La CIDH es un organismo que promueve, vigila y defiende los derechos humanos en América Latina desde 1959. La institución depende directamente de la OEA y tiene su sede en Washington. Sin embargo, desde su fundación ha contado con una notable independencia que le ha permitido denunciar importantes violaciones de derechos humanos en varios países y llevar los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Abrão ha sobresalido en la esfera diplomática por su rol activo en algunos conflictos internacionales, como la investigación a los ataques contra las protestas civiles de 2018 en Nicaragua, por parte del Gobierno de Daniel Ortega.(...)" (Sonia Corona, El País, 03/09/20)
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