"La multinacional DomusVi inició a finales de mayo, una vez sobrepasado el pico de la pandemia, un proceso para auditar sus residencias de mayores y certificarlas como hogares con "cuidados seguros" ante el coronavirus para el que contrató a la empresa Bureau Veritas. Su análisis concluye que tres de las residencias que se convirtieron en los principales focos de coronavirus en centros de mayores en Galicia son ahora espacios seguros, incluido el geriátrico San Lázaro de la multinacional, en Santiago, en el que murieron uno de cada tres residentes.
La expansión del virus en los centros de mayores de la comunidad durante la primera ola de la pandemia afectó especialmente a las residencias de DomusVi en San Lázaro, Cangas y Barreiros. La primera de ellas es probablemente -y a falta de datos de muertes en cada centro de la Xunta de Galicia- la que registró mayor número de muertes: 53, según los datos aportados por las familias. La directora de ese centro llegó a culpar a finales de abril a la Xunta de tardar en resolver hospitalizaciones y pruebas en el comienzo del brote en la residencia.
Los centros de Cangas y Barreiros fueron intervenidas por el Gobierno gallego debido al alto número de casos positivos mientras las familias de los usuarios se quejaban de falta de información sobre lo que pasaba en los centros, así como carencias de personal, material higiénico y limpieza. (...)
En este mismo centro de San Lázaro, poco antes de la revelación de la llegada de la pandemia en Galicia las representantes sindicales de la plantilla informaban a la Xunta que DomusVi no tenía el número de trabajadoras necesarias para prestar los servicios. El documento de denuncia del personal, publicado por elDiario.es, señala que se incumplía ya no solo el número de trabajadores ofertado a la Xunta para hacerse cargo de las 91 plazas concertadas del centro -de 156 que tiene en total- sino los mínimos marcados por el Gobierno gallego en los pliegos del concurso. La Consellería de Política Social, responsable de las residencias, ni respondió al escrito ni envió la inspección que reclamaba la representación sindical. (...)
La empresa, una de las principales del Estado en el sector, ha sido
duramente criticada por las asociaciones de usuarios de residencias
durante la pandemia, que llegaron a denunciar su gestión en varias
ocasiones ante la Fiscalía, o incluso por la Universidad de Santiago de
Compostela, que censuró los anuncios de la empresa para contratar estudiantes que trabajaran en sus centros cuando eran los que acumulaban más muertes relacionadas con la COVID-19." (María Pampín, eldiario.es, 25/09/20)
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