"El PP gallego conocía desde hace más de una semana que
los tres grupos de la oposición iban a cuestionar el presidente de la
Xunta sobre la sentencia de la trama Gürtel durante la sesión de control
de este miércoles. Después de que los conservadores se negaran a que
Alberto Núñez Feijóo abordara el asunto en una comparecencia específica
al respecto, En Marea, PSdeG y BNG utilizaron esta vía para formular unas preguntas
que la Presidencia de la Cámara también preparó a su manera.
Solicitando un informe de los letrados parlamentarios que, según el
presidente, Miguel Santalices, lo avala para prohibir que diputados y
diputadas afirmen en las sesiones que el Partido Popular ha sido
"condenado por corrupción".
"Yo sabía" que esas acusaciones se iban a
producir, admitió Santalices en el pleno. Lo evidenció después de
instar a la portavoz del Bloque, Ana Pontón, a retirar esa referencia a
la "condena por corrupción" de la Audiencia Nacional al PP -el fallo
sitúa al partido como beneficiario de la trama corrupta a título
lucrativo-.
La petición de Santalices, como en otras ocasiones, se apoya
en el artículo del Reglamento parlamentario que faculta a la
Presidencia para plantearla y, si el diputado o diputada se niega,
apercibirlo formalmente y proceder a la eliminación de "conceptos
ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones
del Estado y de Galicia o de cualquier otra persona o entidad". Esa
negativa equivale una llamada formal al orden y tres de estos
apercibimientos, a la expulsión del pleno.
El
informe esgrimido por Santalices causó estupor en la bancada izquierda
del hemiciclo. Fue, dijo, una "petición personal" a los letrados de la
Cámara "para el manejo del debate y el control de la sesión; yo le hago
caso a los letrados" mientras "en otros parlamentos cesan a los
letrados", intentó zanjar desde la presidencia.
"Es tu trabajo, sólo
faltaría", agregó susurrando el vicepresidente Diego Calvo, visiblemente
contrariado por las protestas de la oposición, que forzó la
convocatoria de una Junta de Portavoces para exigir explicaciones y,
sobre todo, intentar obtener el informe de la "mordaza", que el
socialista Fernández Leiceaga pidió sin éxito en el propio pleno.
La Junta de Portavoces se celebró, pero
los grupos se quedaron sin el informe. "Es anómalo en términos
democráticos", una "vergüenza y un bochorno", lamentó el portavoz de En
Marea. El jefe del legislativo, dice Luís Villares, actúa de una manera
"parecida" a la de "Estados donde se ocultaban las normas para poder
perseguir a la gente" sin "siquiera saber" qué es exactamente lo que
está prohibido.
El presidente, dice, simplemente intenta "amordazar" a
la oposición no solo evitando expresiones contra el "decoro", sino
también para "salir en defensa de su amigo Baltar", toda vez que
él mismo fue apercibido durante la propia sesión de control por recordar
la acusación de ofrecer empleo a cambio de sexo de la que fue objeto el
titular de la Diputación de Ourense, un caso que la justicia archivó.
"Si se trata de utilizar un informe de
los servicios de la Cámara para saber hasta dónde podemos llegar en el
debate sin ser llamados al orden, lo mínimo es conocerlo", concuerda
Leiceaga, quien ve al PP dispuesto a mantener la "ley del embudo" en los
debates, "muy ancha para algunos, estrecha para otros".
No en vano,
resalta, los grupos de la izquierda están sometidos a "límites muchos
más estrictos" que los populares en general y el presidente de la Xunta
en particular, "quien no tiene rubor ni empacho al lanzar conceptos
muchos más duros que los portavoces de la oposición" sin que "pase
nada".
Para Ana Pontón este nuevo episodio de
"mordaza" al debate político en el Parlamento es "surrealista", un
ejercicio de "insólita censura" apoyado, por si fuera poco, en un
informe que los grupos de la oposición no pueden conocer, destaca. "El
PP pretende prohibir en el Parlamento gallego lo que se publicó en las
portadas de los periódicos y está en una sentencia", por lo que "no
vamos a aceptar mordazas", asegura la nacionalista.
Estas palabras retiradas bajo el criterio de la Presidencia no solo es simbólica o de cortesía. Implica que las palabras suprimidas no figurarán en el Diario de Sesiones del Parlamento,
el documento oficial creado para registrar todo cuanto se dice en los
plenos. De este modo, quien en el futuro pretenda recuperar los debates
parlamentarios de la actualidad no encontrará esas expresiones que la
Presidencia de turno considera contrarias al "decoro", por lo que para
conocer exactamente el contenido íntegro de todos los debates será
necesario recurrir a las grabaciones de las sesiones." (David Lombao, eldiario.es, 07/06/18)
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