"Fernando Prieto es doctor en Ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad, un "think tank" que agrupa a científicos y expertos en cuestiones energéticas y medioambientales. Este jueves, por primera vez en su vida, puso un pie en un juzgado. Está acusado de cometer tres delitos: daños a bienes de valor histórico, desobediencia grave y desórdenes público.
No fue el único. Otros cinco científicos también se sentaron esta mañana en el banquillo de los acusados. En total son 15 los investigadores en la mira de la Justicia por la jornada de protesta que en abril del año pasado el colectivo "Rebelión Científica España" llevó a cabo en la puerta del Congreso de los diputados.
La "desobediencia civil", el método de lucha que promueven estos científicos ante la inacción de los poderes políticos y económicos contra el cambio climático, incluyó una sentada en las escalinatas del inmueble y el lanzamiento de zumo de remolacha contra algunas paredes de la fachada.
Prieto recuerda que ese día llegó al Congreso y se sentó en las escaleras de forma "tranquila y pacífica" con el objetivo de alzar la voz y alertar sobre el colapso al que se encamina la humanidad por una crisis ecológica que avanza a toda velocidad sin medidas estructurales para frenarla.
Un policía tomó sus datos. Meses más tarde tuvo que presentarse en una comisaría. Algunos de sus colegas fueron detenidos en sus domicilios.
Las aprehensiones fueron efectuadas por efectivos de las Brigadas Provinciales de Información, es decir, los policías vinculados a Inteligencia encargados de investigar y tratar con grupos terroristas o radicales, la misma fuerza que, por ejemplo, investigó el 11M.
La Fiscalía decidió abrir cargos e iniciar un proceso penal. "Es extraño ser el acusado en esta emergencia climática por alertar de lo que está pasando. Llama mucho la atención que los científicos seamos los únicos acusados en un juicio por los efectos del cambio climático y no los responsables, como las grandes empresas contaminantes", reflexiona en diálogo con LPO.
Si el juez que lleva el expediente contempla las sanciones máximas que pide la Fiscalía, los científicos pueden sufrir penas de hasta ocho años y medio de prisión, por lo que hay un riesgo real de que pisen la cárcel por su activismo contra la inacción climática.
"Se quiere acusar al mensajero de una mala noticia en vez de tomar la decisiones necesarias para paliar esta emergencia climática", lamenta este profesional.
Sobre lo que ha pasado dentro del juzgado, Prieto cuenta que contestó las preguntas del magistrado con el foco puesto en la "crisis climática que amenaza seriamente la vida en este planeta".
"He explicado que en España han aumentado las emisiones en 2021 y 2022 pese a todas las recomendaciones de la ONU de descarbonizar, que no se están adaptando políticas para mitigar el cambio climático, que países como España necesitan un descarbonización y una adaptación radical y que en ese contexto los científicos y analistas hemos decidido salir a la calle a protestar".
Para Prieto, "si este gobierno quiere ejemplificar este tipo de protesta el juicio puede seguir para adelante". Lo lógico -agrega- es que el proceso se archive. "Yo voy a seguir trabajando y alertando, esto no me va a amedrentar. Lo que es seguro es que cada vez vamos a ser más los preocupados por el cambio climático, científicos, académicos y miles de ciudadanos de a pie que empezarán a salir a la calle para exigir medidas para no vivir en un mundo inhóspito", concluye.
Los científicos no le temen a la cárcel. "Puede ser necesario a veces afrontar un castigo para que las cosas cambien", confió a EFE el profesor de filosofía política de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann, otro de los imputados.
Lo importante -"y terrible"- sigue pasando, denuncian. El pasado mes de marzo, por ejemplo, ha sido el segundo más caluroso de este siglo en España, mientras que la temperatura de la superficie de los océanos a principios de abril ha registrado máximos históricos, según los datos recabados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.
En solidaridad con
los acusados, científicos de todos el país realizaron este jueves
acciones de desobediencia civil en inmuebles representativo y
emblemáticos. "Criminalizar la ciencia es terrorismo de Estado", han
denunciado." (Andrés Actis, LPO, 13/04/23)
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