"Cuatro funerarias denuncian a curas por cobros fraudulentos en entierros.
Cuatro de las empresas funerarias de mayor peso de la
provincia de Pontevedra acaban de reclamar la intervención del arzobispo
Julián Barrio para poner fin al fraude que aseguran cometen «de manera
reiterada y desde hace mucho tiempo» numerosos sacerdotes de la
comunidad al exigir el pago en metálico y sin rastro fiscal por sus
oficios en entierros y funerales.
Las funerarias -que solicitan su anonimato
público «por miedo a las represalias de los curas implicados»- enviaron
el lunes una carta al arzobispo en su condición de máximo responsable de
la provincia eclesiástica de Santiago en la que le comunican que a
partir de ese mismo día «las empresas funerarias implantaremos los
medios bancarios como forma de pago de los funerales que nos
correspondan».
Las empresas consideran que ha llegado el momento
de que la Iglesia Católica regularice y oficialice en Galicia los
cobros que reciben los sacerdotes por los oficios de entierros y
funerales, y que estos se atengan además a las tarifas que las cuatro
diócesis gallegas y la archidiócesis de Santiago aprobaron en marzo de
este año (ver el gráfico).
«Llevamos años tratando de combatirlo parroquia
por parroquia, de que haya un rastro claro de nuestros pagos por los
oficios porque tenemos y queremos justificarlos ante nuestras empresas,
accionista y ante Hacienda, pero con muchos curas es imposible, se
oponen a que quede rastro e incluso si pedimos factura no dudan en
echarnos encima a las familias en momentos tan delicados diciéndoles que
les paguen a ellos en metálico y que luego hagan cuentas con la
funeraria o la compañía de seguros», indica uno de los empresarios
firmantes de la carta dirigida a monseñor Barrio.
Las cuatro funerarias que presentan su denuncia ante el arzobispo
estiman que solo ellas pagan al año por oficios en entierros más de un
millón de euros a los curas, concepto que en el conjunto de la comunidad
ascendería según sus estimaciones a 6,8 millones fruto de multiplicar
los 31.000 fallecimientos que se registran por ejercicio por 220 que es
el precio medio por intervención en entierro, acompañamiento a la
conducción del cadáver, asistencia a la misa con más de un sacerdote,
sacristán y uso de iglesia.
Sin embargo, advierten que la cifra real de
facturación supera con toda seguridad los diez millones de euros al año,
pues la media oficial se ve incrementada con diversos conceptos
añadidos que agrandan sensiblemente el precio final.
«El 15 % de los sacerdotes no da ningún justificante de
sus servicios; un 20 % se niega a cobrar por el banco o con cheque y la
inmensa mayoría no respeta las tarifas fijadas por la provincia
eclesiástica de Santiago», indica uno de los denunciantes, que advierte
que una vez abierto el frente con la carta al arzobispo tratarán de que
se sumen las demás funerarias de Galicia.
Los remitentes de la protesta aseguran que los
curas que se niegan a hacer transparente su relación con las compañías
de decesos han respondido, especialmente en el caso de pequeñas
parroquias del ámbito rural, con acciones de presión y represalias.
«No cogen el teléfono a las compañías que le
hayan pedido facturas; tratan de convencer a las familias de que se
cambien de funeraria; ponen mil problemas para fijar horas de entierros y
funerales a las empresas que le requieren más transparencia y elevan
los precios todo lo que les da la gana», añaden los empresas.
«Solo aceptaremos los importes que se correspondan con
la aplicación de las tarifas de precios publicadas por ustedes en la
denominada tabla de ofrendas y tasas», advierten además al arzobispo
también las funerarias. Dicho aviso se produce porque las empresas
afectadas mantienen que numerosos curas se atienen más o menos a las
tarifas, «aunque siempre las superan, pero luego añaden conceptos que no
están en la lista aprobada, como toque de campaña o porteo de cruz.
Estamos pagando campaneros a precio de microcirujanos», relatan haciendo
referencia a entierros que sobrepasan los 400 euros en pagos a curas,
considerando que se ha convertido en normal abonar hasta 100 euros por
toque de campana durante los funerales.
Las funerarias exigen al arzobispo que incluya
todos los aspectos posibles de la celebración en una tarifa clara, y que
centralice en una cuenta a su nombre todos los pagos por oficios en
Galicia y que se encargue la propia Iglesia de hacer el reparto con sus
curas en función de su trabajo.
«Así se hace ya en comunidades como
Andalucía, mientras aquí estamos dando en muchos casos pasos atrás en lo
avanzado al obligarnos algunos a hacerles los ingresos en cuentas
personales», añaden los denunciantes, que creen que determinados curas
tratan de aumentar así su salario -oscila entre 600 y 800 euros al mes-
sin dejar rastro y sin verse obligados a declararlo." (La Voz de Galicia, 27/06/2014)
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