"Para algunas instituciones oficiales francesas, Aïda, una víctima de violencia machista de
Le Mans, es responsable, al menos en parte, de estar atada a una silla
de ruedas de por vida después de que su pareja la tirara por la ventana
del segundo piso donde convivían.
Por ello, le han denegado una parte de
la indemnización que se le concedió en el juicio. La responsable de
Igualdad del Gobierno de Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, ha puesto el
grito en el cielo y ha prometido intervenir de ser necesario para
corregir una decisión “incomprensible” en un país donde una mujer muere cada tres días por violencia sexista o sexual.
“Lo que no entiendo es que me hagan responsable. Es como si yo
hubiera contribuido, como si hubiera buscado lo que me ha pasado,
convertirme en parapléjica de por vida”, declaró este viernes la
víctima, que mantiene oculta su identidad, a la cadena France 2.
La noche del 24 de agosto de 2013, Aïda (nombre ficticio) tuvo que
tomar una decisión. La joven de 25 años convivía con un hombre al que ya
había denunciado en ocasiones anteriores por violencia de género,
aunque sus abogados precisan que nunca antes había necesitado
hospitalización. Ese día de verano de hace cinco años, la policía acude
al domicilio de la pareja tras una disputa. Por su seguridad, los
agentes recomiendan a Aïda que abandone la vivienda, según el diario
regional Le Maine, el primero en contar la historia de la joven.
Aïda acepta y decide ir a casa de sus padres, en Alençon, a unos 50
kilómetros de la ciudad en la que vive. Pero es muy tarde y ya no hay
trenes. Un taxi le sale demasiado caro, relata Le Maine. La
joven intenta llamar al 115, el teléfono de urgencias sociales como
violencia machista, para obtener un alojamiento alternativo. En
vano. Tampoco le responden los amigos a los que pide ayuda. Ante la
disyuntiva de pasar la noche en la calle o regresar a su casa, Aïda opta
por la segunda opción. Y ese será, según las instituciones, su error.
A las 3.30 de la madrugada, los vecinos vuelven a llamar a la
policía. Cuando acuden los agentes, hallan a la joven gravemente herida
delante del edificio. Tras una nueva pelea, su pareja la había arrojado
por la ventana del segundo piso.
El hombre fue condenado en junio de 2016 a 15 años de prisión. A la
par, a la joven le fue concedida una indemnización de 90.000 euros para
sufragar los gastos médicos y de adaptación de su vivienda y vehículo a
su discapacidad. El problema llegó cuando sus abogados se dirigieron a
las instituciones que deben aprobar la indemnización. El Fondo de garantía de las víctimas (FGTI)
es el organismo estatal que provee fondos para víctimas de atentados y
de delitos comunes como violaciones, agresiones o robos.
En este caso,
ofreció solo una indemnización parcial al considerar que “hay una
responsabilidad compartida”, ya que Aïda “cometió una falta civil
(negligencia o imprudencia) al regresar a su domicilio”, citó la
decisión uno de los abogados de la joven en declaraciones a la agencia
France Presse. (...)" (Silvia Ayuso, El País, 04/01/19)
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